Instituciones, sindicatos y asociaciones que trabajan en el campo de los servicios sociales creen que ha llegado la hora de impulsar una legislación en materia de deudas hipotecarias que permita “rescatar a los ciudadanos que más lo necesitan”.
En una Euskadi con más de 160.000 parados, 60.000 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y un número creciente de familias sin ningún ingreso, los sindicatos CC OO y UGT, además del Ayuntamiento de Bilbao, y las asociaciones que trabajan con los colectivos más desfavorecidos —el Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia, y los partidos políticos lo estudian— apoyaron ayer la propuesta del magistrado Edmundo Rodríguez para blindar a los parados ante un eventual desahucio. El magistrado progresista que dirige un juzgado de lo mercantil en Vitoria propuso el pasado jueves que el Gobierno central regule por ley una moratoria legal para impedir la ejecución de hipotecas de primera vivienda de las personas que no puedan hacer frente al préstamo, mientras se mantengan en situación de desempleo. En Euskadi se mantiene la media de casi siete desahucios diarios, muchos de ellos en Bilbao y Bizkaia.
El concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Eduardo Maiz, indicó ayer que, pese a no tener competencias en la materia, “cualquier desarrollo legislativo que aminore la situación de desamparo de las muchas personas afectadas por desahucios, donde no sólo se pierde la vivienda sino que se sigue debiendo al banco, sería bienvenido y apoyado por el Ayuntamiento de Bilbao”, explicó.
El secretario de organización y de comunicación de UGT Euskadi, Raúl Arza se preguntó por qué “esa propuesta no la han planteado ya los partidos políticos o el propio Gobierno central a la vista del panorama social que se está generando”. Arza coincide en que lograr una regulación legislativa que obligara a los bancos a una moratoria con los parados, sería “muy importante”.
Hasta ahora esa moratoria es voluntaria. El Gobierno central aprobó el Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo, que dispone medidas para la protección de deudor hipotecario, pero es de voluntaria aplicación para las entidades financieras. El Servicio vasco de Mediación Hipotecaria del Gobierno vasco, aprovechando esa coyuntura, logró la adhesión de Kutxabank, BBVA, Banesto, Sabadell, Iparkutxa, Bankoa, EVO, Caja Laboral, La Caixa, Santander y Bankia con el objetivo de renegociar hipotecas. En 40 días desde su puesta en marcha el pasado 2 de mayo, hasta mediados de junio, en apenas 40 días, recibieron 364 llamadas, se habían formalizado 107 entrevistas, que han fructificado en 59 expedientes, y se habían evitado dos desahucios.
El magistrado cree perfectamente posible convertir ese derecho voluntario en obligatorio. Ayer mismo argumentó que si con dinero público “los ciudadanos hemos rescatado a Bankia y recapitalizado el sistema bancario español, la sociedad, las leyes, y el Gobierno pueden pedir a esos mismos bancos que no ejecuten esas hipotecas mientras no se puedan pagar, evitando desahuciar por impago del préstamo con garantía hipotecaria a las familias de los parados”.
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