Así se contiene en el convenio que el Consejo de Gobierno ha autorizado firmar entre el ejecutivo autonómico, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y que pretende detectar casos de riesgo de exclusión y actuar antes de que el desahucio se haga efectivo.
El consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, ha precisado que se trata de ofrecer una "solución inminente" a estas personas que vayan a ser desahuciadas de su vivienda habitual.
Según el convenio, que ya anunció la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en el último pleno de las Cortes, cuando el juez que tenga que autorizar el desahucio detecte una situación de vulnerabilidad, alertará a los servicios sociales del gobierno, que revisarán y evaluarán las medidas más convenientes y trasladarán la petición al organismo competente para adoptar una solución "inmediata".
Los beneficiarios podrán ser tanto desahuciados por ejecución hipotecaria como por falta de pago del alquiler.
La solución que se propone es el realojo de estas personas en viviendas vacías del parque del gobierno de Aragón, de los ayuntamientos o de entidades financieras con las que se logre llegar a acuerdos.
Bermúdez de Castro se ha mostrado confiado de que con todas estas viviendas será "suficiente", porque, ha insistido, la medida se destina a personas en riesgo de exclusión.
Gracias al convenio, ha dicho, se establece un nuevo cauce de información entre el sistema judicial y el de protección social.
El acuerdo también incluye la posibilidad de que la autoridad judicial suspenda el desahucio por un periodo máximo de diez días, tiempo en el que los servicios sociales evaluarán la posible solución a la situación detectada.
Heraldo.es
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